República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de noticias 2 de mayo de 2012
EL TIEMPO
ESTUDIOS DE UNIVERSIDADES DICEN QUE ADOPCIÓN GAY NO AFECTA A NIÑOS
Colombia Diversa revela cuatro informes en respuesta a críticas de la Iglesia católica al tema.
Mientras la Corte Constitucional estudia una tutela por medio de la que una pareja de lesbianas pide la adopción de la hija biológica de una de ellas, salieron a la luz los informes de cuatro universidades que coinciden en señalar que los niños criados por padres homosexuales no se afectan en su desarrollo psicológico ni personal.
Los conceptos fueron elaborados por las facultades de Psicología de los Andes, Javeriana, Nacional y del Valle entre el 2009 y el 2010, y son divulgados ahora por la ONG Colombia Diversa en respuesta a los recientes ataques de la Iglesia al tema.
En todas las iglesias católicas se leyó el pasado domingo un mensaje en el que monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario general de la Conferencia Episcopal, rechaza que la Corte esté estudiando la tutela sobre adopción gay y critica los fallos que han reconocido derechos a estas parejas.
Este tema también llevó al procurador, Alejandro Ordóñez, a interponer dos recursos en los que pide a la Corte declarar improcedente el estudio de la tutela.
"Revisando los estudios al respecto se encuentra que la mayoría muestra que no hay diferencias entre los niños criados por padres homosexuales (frente a los criados por parejas heterosexuales), lo cual es un indicador de que no existe una razón científica para oponerse a priori a la adopción por parte de las parejas homosexuales", dice la Javeriana.
El concepto de los Andes indica que "la investigación empírica muestra que los hijos de las parejas lesbianas, gay y bisexuales no solo no presentan déficit en el desarrollo, sino que su identidad sexual es mayoritariamente heterosexual". Y el de la Nacional dice que "las madres lesbianas y los padres gays están en las mismas condiciones que las madres y los padres heterosexuales de proporcionar apoyo y ambientes saludables".
Estos informes son rechazados en algunos sectores, que incluso calificaron a la Corte de actuar en contra de la Carta Política si avala la adopción gay. El senador José Darío Salazar (conservador) dijo que "eso es ir contra los dictados de la naturaleza, muestra profundos desvíos psicológicos".
Pero el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán aseguró que los informes de las universidades "obedecen a estudios científicos y psicológicos, por lo que uno no podría, por puro prejuicio, pensar lo contrario".
Enérgica oposición de la Iglesia
'La corte se está extralimitando en sus funciones'
Sobre este tema, el fin de semana pasado, monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón y secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, invitó a la gente a "abandonar el letargo" para defender la institución de la familia, y dijo que, pese al respeto que le tiene, "la Corte Constitucional se está extralimitando en sus funciones, pues no puede apropiarse la competencia de modificar la Constitución con una ideología contraria al orden natural". Según él, "no se puede permanecer pasivos ante el continuo atropello de nuestros valores".
SANTOS QUIERE RETOMAR DIÁLOGO SOBRE REFORMA DE LA JUSTICIA
El Presidente expresó su preocupación porque el debate ha generado tensiones entre poderes.
"Llegó el momento de que los poderes públicos se sienten nuevamente a discutir en torno a la reforma de la justicia, afirmó ayer el presidente Juan Manuel Santos durante la posesión de Adriana Guillén como magistrado de la Corte Constitucional.
"Voy a ponerme en comunicación con los presidentes de las cortes y los presidentes de Senado y Cámara para ver en qué forma y cuándo, si aceptan esta discusión, podría tener lugar la reunión", dijo.
Santos expresó su preocupación por el hecho de que las deliberaciones en torno a la iniciativa hayan desatado tensiones entre los poderes. "Me preocupa que (...) se estén presentando acusaciones de un poder a otro. Eso no trae sino sinsabores y consecuencias negativas", sostuvo.
"Quiero hacer una invitación, como Jefe de Estado, a las cortes y al Congreso para que nos reunamos en cualquier momento y (...) tengamos la posibilidad de exponer los puntos de vista en forma respetuosa y de tratar de buscar la mejor reforma posible para nuestra democracia", agregó. El Jefe de Estado dijo que este tipo de discusiones "enriquecen la democracia" y "la hacen cada vez más compatible con las circunstancias que también son cambiantes".
Discrepancias sobre el contenido del proyecto hicieron que las cortes se marginaran de la discusión. La próxima semana tendrá lugar en el Congreso el sexto debate de esta iniciativa, a la que aún le restan otros tres.
EL ESPECTADOR
UNA REFORMA QUE NO CONVENCE
Fedemunicipios pidió autorizar que recursos de regalías que no sean ejecutados en el actual período fiscal conserven su destinación, ante los retrasos en la expedición del marco normativo.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, tratará de culminar el trámite de la reglamentación de las regalías. Si no hay contratiempos, el Senado y la Cámara de Representantes deberán ratificar hoy la conciliación del proyecto de ley de reforma a las regalías, aprobado hace ya más de cuatro meses. Este retraso, según un informe de Planeación Nacional, tiene frenados 69 proyectos de desarrollo departamentales y municipales que suman casi $1.000 millones, pero que no han iniciado trámite debido a que aún no se ponen en marcha los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), donde las autoridades locales y regionales deben presentar sus iniciativas a financiar con los recursos de regalías.
Una situación que, según Simón Gaviria, presidente de la Cámara, “más allá de atrasar los planes de gobierno de los mandatarios, perjudica gravemente a las comunidades más vulnerables”. Como era de esperarse, las alarmas están encendidas en la Federación Colombiana de Municipios, que el pasado 25 de abril, en carta al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, pidió respuestas ante las preocupaciones y desacuerdos de todos los burgomaestres del país por lo que consideran una reforma llena de debilidades, vacíos y dificultades.
Precisamente, uno de los puntos de discordia tiene que ver con los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, que en últimas serán los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos y designar su ejecutor. El meollo del asunto es que la ley obliga a un ejercicio de planeación regional por parte de dichos órganos, donde tendrán asiento cuatro ministros o sus delegados y un representante de Planeación Nacional, los gobernadores respectivos o sus delegados y un número representativo de alcaldes.
Para Fedemunicipios habrá un menoscabo de la autonomía local cuando un alcalde deba someter la voluntad manifestada por el electorado y la ciudadanía en la construcción de su plan de desarrollo a la decisión de representantes externos a la dinámica municipal. No es comprensible, agregó, que un alcalde deba acudir a una instancia en la que no tiene garantizada su participación sino que debe someter los proyectos requeridos por su comunidad a la consideración tanto de colegas del departamento como, de nuevo, de funcionarios que poco o ningún conocimiento tienen del municipio evaluado.
Para Gilberto Toro, director ejecutivo de Fedemunicipios, si bien ya no se puede hacer que los OCAD desaparezcan de la ley, el objetivo es que hagan menos difícil el trámite de los proyectos. “Nuestra propuesta ha sido que sean organismos municipales y no departamentales los que aprueben las iniciativas de impacto local y de regalías directas”, explicó.
Pero además, los alcaldes solicitan que se incluya de manera expresa, bien sea en una ley que adicione el régimen presupuestal del Sistema de Regalías o en el presupuesto del sistema para la bianualidad 2013–2014, un texto que autorice que los recursos de regalías que no se ejecuten durante el respectivo período fiscal conserven su destinación territorial en el siguiente período, especialmente para la transición 2012–2013, dado que los retrasos que han existido para la formulación y aprobación de los proyectos hacen previsible un bajo indicador de ejecución para este año.
Para Toro, la conciliación será un hecho, y aunque siguen pendientes del examen de exequibilidad de la Corte Constitucional, el objetivo es lograr que la normatividad no se endurezca ni se pierda más autonomía. Fedemunicipios le pidió al Gobierno expedir con urgencia la metodología para la presentación de proyectos, la cual debe ser sencilla y clara. La idea es que tenga un numero máximo de cinco pasos, “cada uno de los cuáles debe tener términos precisos y ágiles para evitar el retraso en la ejecución y problemas de corrupción al interior de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión”.
La carta que pide claridad al ministro Echeverry no ha sido respondida. Por eso tanta expectativa hoy por saber qué puntos de los solicitados serán tenidos en cuenta en la conciliación. Todos saben que es mucho lo que está en juego. A los municipios no les convence la reforma. Toro habla de 57 ciudades —entre ellas capitales como Villavicencio— que se están quedando sin cupo para financiar proyectos de impacto local.
Otras localidades, de categoría 1, 2 y 3, que no son productoras de recursos naturales no renovables, también se están quedando por fuera de la tostada en la que el Gobierno prometió untar toda la mermelada. Y a los municipios productores se les está rebajando, en promedio, el 62% de los recursos que antes recibían. Es el diagnóstico que hace Fedemunicipios de una reforma que seguramente hoy recibirá la última bendición del Congreso, aunque sigue sin convencer.
MAGISTRADOS BUSCARÍAN BENEFICIOS CON REFORMA A LA JUSTICIA
LOS INTERESES DE LAS CORTES
La tensión frente al trámite de la iniciativa está en su punto más complejo. El presidente Santos hizo un llamado al diálogo.
La reforma a la justicia está en riesgo y las diferencias entre el Gobierno y las cortes parecen irreconciliables. Así se puede advertir luego de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señalara a los ponentes de la iniciativa que en caso de que no fuera acogida la solicitud de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), le retiraría el apoyo.
Desde el primer debate el Gobierno ha argumentado la necesidad de eliminar el CSJ, pues argumenta que “ha sido infinitamente inferior a las expectativas y responsabilidades que tiene con el país y con la rama jurisdiccional”. Además, en los últimos tiempos han sido reiterados los escándalos de irregularidades en materia pensional y de inversión presupuestal de la rama.
Otro de los temas que colmaron la paciencia del Gobierno, en el marco del debate, fue la reiterada solicitud de presupuesto, petición que nunca fue acompañada por un plan de inversión, falencias o necesidades de la Rama.
Pese a esto, durante la discusión de la reforma a la justicia el Congreso no ha acogido la tesis de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y, como está el proyecto en la actualidad, contempla mantener la Sala Disciplinaria y crear una sala de gobierno encargada de administrar el presupuesto de la justicia. Esta propuesta no convenció al Gobierno, que ahora de forma radical plantea la eliminación.
Pero hay más puntos que estarían generando evidentes diferencias. Según denunció en Noticias Uno el presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Fernando Velasco, los magistrados de las altas cortes estarían haciendo lobby para lograr la ampliación de sus períodos y la edad de retiro forzoso, actuando en beneficio propio. La denuncia de Velasco plantea que este sería un requisito para volver al debate.
La propuesta es aumentar el período de los magistrados de 8 a 12 años y su edad de retiro de 65 a 70 años. Sin embargo, en los debates se ha planteado que acoja a los magistrados elegidos luego de la sanción de la reforma. Los togados que están haciendo lobby pretenden ser los primeros beneficiados.
Este no es el primer desencuentro, pues desde que se inició el trámite de la reforma los representantes de la justicia manifestaron su rechazo a la propuesta, pese al diálogo interdisciplinario que se sostuvo entre el Gobierno, el Congreso y las cortes. Posteriormente se retiraron del debate, al concluir que atentaba contra el equilibrio de poderes. Sin embargo, como lo advierte el ministro Esguerra, han continuado participando de manera informal y sus postulados han sido escuchados en el Congreso.
Mañana se radicaría la ponencia de la reforma a la justicia para su sexto debate en la plenaria del Senado y en el marco de las encontradas posiciones el presidente Juan Manuel Santos hizo la invitación “a las cortes y al Congreso para que nos reunamos en cualquier momento y tratemos de buscar que si la reforma no puede satisfacer a todo el mundo, por lo menos tengamos la posibilidad de exponer los puntos de vista de forma respetuosa, de tratar de buscar la mejor reforma posible para nuestra democracia.
DENUNCIAN IRREGULARIDADES POR $134 MIL MILLONES EN CONTRATOS DE ASEO EN BOGOTÁ
Los ciudadanos estarían pagando de más por el servicio de recolección, barrido y limpieza.
Promedio: 0Imprimir Enviar Opiniones 17
La mayor parte de las basuras recolectadas en Bogotá llegan al relleno sanitario de Doña Juana.
Este lunes en el Senado de la República se conoció una nueva denuncia pública sobre la difícil situación que se está viviendo en los contratos de aseo en Bogotá.
El senador Iván Leonidas Name reveló que tras haber solicitado a la Contraloría General de la República realizar un control preferente a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp y en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, sobre los contratos de aseo y sus prorrogas en Bogotá, se hallaron varias irregularidades.
Se detectaron cobros excesivos en la tarifa, malos manejos de los recursos de la Bolsa General del Esquema de Aseo y despilfarro en los recursos para la restructuración para la nueva licitación.
El senador dijo que podrían ser del orden de los $134 mil millones las anomalías en contratos de recolección, barrido y limpieza en Bogotá.
Los contratos de aseo suscritos que debían haberse terminado en 2010, fueron prorrogados invocando una supuesta Urgencia Manifiesta, lo cual generó que los capitalinos no se beneficiaran de una reducción en las tarifas.
Durante el primer periodo de prórroga los ciudadanos pagaron a los operadores del servicio de aseo un exceso de $76.361 millones de pesos, respecto de lo establecido en la regulación vigente desde 2005.
También se utilizaron unos recursos para estructurar la nueva licitación que finalmente se perdieron porque la Corte Constitucional identificó irregularidades en su estructuración.
Se realizaron 70 contratos, que en su totalidad sumaron $2.028 millones de pesos, para organizar la licitación que debía ser adjudicada al término de los contratos.
Igualmente se identificó que la Uaesp utilizó de manera irregular recursos que no hacían parte de su presupuesto para desarrollar sus actividades propias, tomándolos de la Bolsa General del Esquema de Aseo.
Conforme lo señala el informe de la Contraloría General, la Uaesp entre septiembre de 2003 y febrero de 2011 utilizó $49.964 millones de pesos de la Bolsa General del Esquema de Aseo para sufragar costos relacionados con actividades de planeación, supervisión y control del servicio de aseo, entre otras actividades. Todas éstas debían ser contratadas con cargo al presupuesto de la entidad y no a la Bolsa.
Finalmente, señaló el dirigente político que, aproximadamente a partir de 2010 se implementa en Bogotá un sistema de reducción de emisiones, a partir de la producción de biogás en el Relleno Sanitario de Doña Juana. La venta de estos bonos de reducción de emisiones representa para el sistema de aseo aproximadamente $6000 millones de pesos que deberían traducirse en una tarifa menos costosa para el usuario. A la fecha esa reducción no se ha realizado, y los Bogotanos siguen pagando una tarifa excesiva.
LOS CÍNICOS DE LA REFORMA
Por: Cecilia Orozco Tascón
La reforma a la justicia podrá ser íntegramente aprobada después de que el Congreso haya simulado que la debatió para darle apariencia de juridicidad a su impunidad parlamentaria.
Imprimir Enviar Opiniones 22
Podrá contar con el respaldo del Gobierno, incluyendo, desde luego, la penosa defensa que de ella ha hecho el ministro Esguerra. Podrá, aun, ser encontrada exequible por la Corte Constitucional. Pero jamás tendrá legitimidad moral ni social. Los senadores y representantes, fortalecidos por el momento que vive el país (un Ejecutivo que no reta a los tribunales y unas cortes vencidas a posteriori por el uribismo), se van a dar la pela de sustituir a sus jueces y de declarar nulos los castigos establecidos para sus fallas, sin que se les mueva una pestaña. Y la Rama Judicial, lesionada en su independencia y dignidad, agachará la cabeza, en parte por su falta de carácter y, en parte, por el pedacito de reforma que comprará su silencio.
El magistrado William Giraldo fue elegido en mayo de 2009 como titular del Consejo de Estado para un período de ocho años. Entonces tenía 62 de edad y sabía que debía retirarse a los 65. Es decir, iba a ejercer sólo tres. ¿Para qué, entonces, postularse? Hace unas semanas, El Tiempo contó que a la Comisión de Acusaciones, el órgano competente para investigar a los integrantes de altas cortes, llegó una queja en la que se aseguraba que los casos de Giraldo y otros tres de sus colegas eran la demostración de que en el Consejo también había ‘carrusel de pensiones’ (nombramientos por corto lapso para pensionarse con un suma mensual mucho más alta). Celebrado con ponqué y velitas su cumpleaños, Giraldo fue informado de que la convocatoria para reemplazarlo se había abierto. Veloz, envió una carta a la Sala Administrativa de la Judicatura, que se encarga de elaborar la lista de candidatos, exigiendo que suspendiera el proceso, so pena de ser denunciada por él. La Sala no cedió. Giraldo acudió a la tutela. Perdió y apeló.
Lo interesante de este asunto, aparte de conocer la conducta del personaje, es que se presenta mientras se tramita el proyecto, que además del contenido que favorece a los parlamentarios tiene unas líneas para doblegar a los miembros de la cúpula judicial: aumento de la edad de retiro de 65 a 70 años, e incremento del período de 8 a 12 años. Es un secreto a voces que giraldos de todas las cortes, que están a punto de salir del cargo, están haciendo lobby con los congresistas para que se apruebe la reforma como a ellos les plazca, siempre y cuando se aclare que las ampliaciones de los jueces se les aplican a los actuales togados.
Por su lado, casi todos los integrantes de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, cuya eliminación estaba prevista por su enorme desprestigio, están dedicados a ‘lagartiar’ con senadores y representantes en desayunos, almuerzos y comidas para garantizar su supervivencia, o sea, para que no se apruebe la desaparición de su grupo integrado por magistrados que candidatiza el jefe de Estado y elige el Congreso, es decir, provenientes de la clase política. La Comisión de Acusaciones, el otro órgano político con funciones judiciales, y tan descalificado por la opinión como la Disciplinaria, parece haber hallado un salvavidas donde menos lo esperaba: en las cortes. En efecto, éstas solicitan mantenerla viva. ¿Toma y daca? Transcribo una respuesta a El Espectador del senador Luis Fernando Velasco, protagonista en la modificación a la justicia: Pregunta: “Hay 39 congresistas que tienen investigaciones abiertas en la Corte Suprema... Ellos estaban inhabilitados para participar. Sin embargo ustedes les eliminaron los impedimentos”. R/ “Sí, claro. Si no, no hubiéramos tenido cómo votar la reforma”. Colombia pierde. El cinismo gana.
EL NUEVO SIGLO
JUDICATURA SERÍA ‘PIEDRA EN TRÁMITE’ DE REFORMA A LA JUSTICIA: VÉLEZ
Si la reforma a la justicia se queda sin apoyo y como consecuencia se hunde, solo resta la opción de una asamblea nacional constituyente.
Así lo consideró el legislador Juan Carlos Vélez, quien es uno de los ponentes de este proyecto para el sexto debate en plenaria del Senado.
El Congresista del Partido Social de Unidad Nacional (La U) dijo que hoy se reunirían los ponentes en representación de los diferentes partidos para seguir trabajando en la ponencia para sexto debate, de la cual ya hay un borrador.
Sin embargo a última hora el Gobierno le ha metido más presión a la discusión de la iniciativa pues el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra insistió el lunes en la necesidad de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.
El proyecto que radicó el Ejecutivo contemplaba la eliminación de este alto Tribunal por considerar que no está cumpliendo de forma eficaz su función de gobierno de la rama; empero el Congreso aprobó la eliminación de la Sala Administrativa pero dejó viva la Sala Disciplinaria del alto Tribunal.
EL NUEVO SIGLO:¿Los ponentes considerarán la petición del Gobierno para que se elimine el Consejo Superior de la Judicatura?
JUAN CARLOS VÉLEZ: La propuesta que nosotros incluimos es que la Sala Administrativa se elimina pero se crea una sala de gobierno, que es una especie de junta directiva, fortaleciendo la gerencia de la justicia. Es una figura nueva que va a estar consagrada en la Constitución, que es la que va a administrar los recursos de la rama, pero no a través de una corporación pública como es el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, sino que va a ser administrada por una sola persona como cabeza de una entidad ejecutora de los recursos de la justicia.
Y la sala de gobierno es una especie de junta directiva que va a orientar el gasto, va a decir en qué se va a invertir, en qué no se va a invertir, y el que lo va a ejecutar es el gerente.
Hoy en día lo orienta y ejecuta la misma Sala Administrativa. Esa Sala desaparecería entonces.
ENS: Se ha dicho que el Gobierno consideraría retirar el apoyo a este proyecto si no se consigna la eliminación del Consejo de la Judicatura…
JCV: Pues si es así ‘apague y vámonos’.
ENS: ¿Cómo va el trabajo de los ponentes para el sexto debate de la reforma?
JCV: Nosotros nos reunimos el jueves de la semana pasada, esperamos volver a reunirnos el próximo miércoles para ver qué hacemos.
ENS: ¿Cuándo radicarían esta ponencia?
JCV:Yo creo que el miércoles a más tardar.
ENS: ¿Alcanzará el tiempo para que sea aprobaba esta reforma?
JCV:Si nosotros la aprobamos la otra semana, alcanzan los dos debates perfectamente en la Cámara de Representantes.
ENS: Finalmente las Cortes no apoyaron la reforma a la justicia…
JCV:Como van las cosas será solamente el Congreso que tendrá que sacarlo adelante, pero muy sencillo si le quitamos el apoyo y se hunde, pues yo creo que entonces no quedará sino una asamblea nacional constituyente que sea capaz de reformar a la justicia.
ENS: ¿Habría ambiente para una asamblea nacional constituyente sobre este tema?
JCV:No creo que en el Congreso, en las altas Cortes tampoco, en el Gobierno tampoco, pero yo no sé qué piense el pueblo, que es el que está en capacidad de convocar una asamblea nacional constituyente.
Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en una reforma a la justicia, entonces apague y vámonos, como digo yo.
CAMBIO SUSTANCIAL
Por: José Gregorio Hernández Galindo
No es buena noticia que la Corte Constitucional haya declarado exequible el Acto Legislativo 3 de 2011, mediante el cual se introdujo el vago concepto de la sostenibilidad fiscal.
Cuando la Corte divulgue el texto de la sentencia -cuyo contenido no conocemos todavía-, sabremos cuáles fueron los motivos en que se fundó para encontrar que la supeditación de los derechos a un criterio económico inasible y el aplazamiento indefinido del Estado Social de Derecho -que ya quedó consignado expresamente- no sustituyen elementos esenciales del sistema jurídico fundamental acordado por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991.
Desde una perspectiva académica se observa que la Corte, contradiciendo varias providencias suyas anteriores de gran valor doctrinario, ha consentido sin mayores reparos en esa contrarreforma de la Constitución vigente. Ha aceptado que vaciar de contenido el Estado Social de Derecho no rompe la estructura básica de la Constitución, como sí lo hace, en su criterio, una norma constitucional transitoria sobre reglas en materia de acceso de empleados públicos provisionales a la carrera administrativa.
Por tanto, aunque no compartamos semejante cambio constitucional, por considerarlo totalmente extraño al espíritu y al sentido primordial que el Constituyente del 91 quiso imprimir al Ordenamiento, en especial en el campo socio-económico, es imperioso registrar que, si el órgano guardián de la supremacía e integridad de la Carta Política la ha considerado viable, el paso hacia atrás ha quedado en firme, y lo decimos sin perjuicio de la respetuosa crítica.
Ahora bien, ello significa que, a partir de la vigencia de este Acto Legislativo (1 de julio de 2011), nos encontramos ante una Constitución radicalmente distinta de la que conocimos como emanada de la inicial voluntad de los delegatarios que sesionaron en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Se ha producido una mutación de profundidad. Un cambio sustancial en la Constitución.
Como resulta del nuevo texto, la inefable sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento, no para realizar -como se entendía antes- sino para “alcanzar de manera progresiva” (la medida en que se hará la irán indicando a cuentagotas los tecnócratas del Ministerio de Hacienda) los objetivos del Estado Social de Derecho.
Y hasta el concepto de la cosa juzgada, que ha caracterizado las sentencias de los altos tribunales, entre ellos la propia Corte Constitucional, ha quedado revaluado con el nuevo incidente de impacto fiscal que permitirá modificarlas, aplazarlas o modularlas.
CMI
EL CONSEJO DE ESTADO PROPONE ACUERDO DE PODERES PARA LA REFORMA JUDICIAL
El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez, dice que la reforma actual es un riesgo para el país.
El Consejo de Estado hizo hoy sorpresivamente en CM& una propuesta para que mediante un acuerdo de poderes, el Gobierno, el Congreso y las Cortes Judiciales, archiven la actual reforma judicial y busquen un acuerdo para una nueva que tramitarían en la propia legislatura.
El presidente de esa institución, Gustavo Gómez, considera que la reforma judicial que inicialmente propuso el Gobierno se descarriló y está conduciendo al país a una innecesaria confrontación de sus poderes, porque lo que comenzó como una reforma favorable para la rama, se extendió a los otros poderes públicos, como el Congreso.
Advirtió que los magistrados están dispuestos a discutir todas las propuestas que les presenten e indicó que en el acuerdo podrían incluir temas como la Comisión de Acusación, el Consejo Superior de la Judicatura, la doble instancia para los congresistas en los procesos penales y en la pérdida de la investidura y otros.
Aseguró que las Cortes han estado dispuestas a discutir las reformas, pero siempre que se hagan con tranquilidad y preservando la independencia de los poderes.
Por su parte, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Fernando Velasco, aceptó la propuesta del magistrado Gómez, pero le propuso que el acuerdo se haga alrededor del actual proyecto, porque quedan 45 días para su trámite.
Se comprometió a reunir a los senadores, a los magistrados de la Corte Suprema y al ministro de Justicia, si el presidente del Consejo de Estado admite mañana mismo volver a la mesa de conversaciones.
El miércoles habrá una reunión del ministro de Justicia con los ponentes de la reforma, para redactar la parte final de la reforma que podría ser estudiada y aprobada entre jueves y viernes próximos.
FISCAL PROPONE TRIBUNAL ESPECIAL PARA JUZGAR A LOS MAGISTRADOS
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo que ante la posibilidad de que el Consejo Superior de la Judicatura desaparezca con la reforma a la justicia, debería pensarse en la creación de un tribunal disciplinario que tenga origen en las Altas Cortes.
El jefe del organismo investigador explicó que dicho tribunal es importante para que se mantenga el control disciplinario que ordena la Constitución sobre funcionarios de la rama judicial y advirtió que debe mantenerse en un órgano independiente.
El fiscal Montealegre también dijo que el organismo no retrocederá en el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio y explicó que recopilan información para establecer lo que ocurrió con el periodista francés Roméo Langlois.
CARACOL RADIO
CORTE CONSTITUCIONAL LLEVA NUEVAMENTE A ESTUDIO EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
La Corte Constitucional lleva por segunda vez a estudio la demanda en la que se señalan vicios de procedimiento, del sistema General de Regalías además de la falta de consulta a las comunidades étnicas y la sustitución de la Constitución, por vulnerar a los entes territoriales.
En esta ley se señala que para cumplir con la distribución de los recursos de la regalías y fines del Sistema General se crean los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación Regional, y de Ahorro y Estabilización.
En este caso la Procuraduría pidió a la Corte Constitucional la aprobación de la normatividad.
El Ministerio Público señala que no en todos los casos debe hacerse la consulta previa sobre una iniciativa legislativa que sea susceptible de afectar las comunidades étnicas.
A juicio de la Procuraduría, la norma demandada buscó reformar la regulación sobre regalías, "bajo un contexto de redistribución del ingreso procedente de la explotación del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, a partir de la premisa que estos pertenecen al Estado y no a un sector específico del mismo".
LOS CUATRO FALLOS SOBRE EL ABORTO QUE HA PEDIDO TUMBAR EL PROCURADOR ORDÓÑEZ
La Corte Suprema de Justicia recientemente le llamó la atención a los jueces para que no incluyan sus creencias religiosas en sus fallos judiciales y el procurador ya en cuatro oportunidades le ha pedido a la Corte anular fallos relacionados con el aborto, aunque está permitido en tres casos especiales.
Hasta el momento, Alejandro Ordóñez ha pedido la nulidad de cuatro fallos sobre el aborto, tres de ellos ya han sido negados por la Corte Constitucional y uno está pendiente; cuatro circulares, tres solicitudes de denuncia penal y ha acompañado a congresistas conservadores para impulsar un proyecto de objeción de conciencia.
Los fallos que ha pedido el procurador anular
Son en total cuatro, tres de ellos ya fueron respondidos por la Corte, negando la solicitud de echarlos abajo.
Entre las determinaciones que se mantienen son la C355 del 2006, sobre la despenalización en los tres casos permitidos; la 946 del 2008, que dice que los centros asistenciales no pueden negar la interrupción del embarazo y la cátedra del aborto.
Pero también el procurador ha pedido investigar penalmente a tres personas, dos de ellas los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierrra y Luis Ernesto Vargas, señalados de garantizar los derechos de una mujer que abortó y en este mismo caso la mujer fue denunciada.
Así mismo, el procurador pidió investigar a la abogada Mónica Roa, defensora de los derechos de la mujer.
Alejandro Ordóñez también ha producido tres circulares. En una de ellas alegó que los médicos sí pueden alegar objeción de conciencia. Hay que señalar que el procurador hizo varias afirmaciones antes de que ejerciera su cargo, las cuales marcan su tendencia católica frente a diferentes fallos.
Sobre los derechos de los trabajadores sexuales, dijo que “ello quiere decir derecho a prostituirse, considerado como una de las expresiones más auténticas del libre desarrollo de nuestra personalidad”.
“La declaratoria de inexequibilidad no es sólo un problema jurídico; es una pieza más dentro de un esquema muy bien diseñado para disolver culturalmente a nuestra nación y en especial a su identidad cristiana. Después vendrá, por la misma vía judicial, el matrimonio homosexual, la adopción de hijos por tales parejas, la eutanasia, la eugenesia, la manipulación de embriones, el desmonte de la patria potestad, la despenalización de la pedofilia, en suma, la androgenización de la cultura”, señaló Ordóñez.
“Para rescatar los derechos humanos de este secuestro al que me he venido refiriendo, no bastan las buenas intenciones; es necesario una vuelta al derecho natural católico que funda las normas jurídicas en las relaciones concretas de las personas; es la única solución que les queda a quienes tienen la misión de actuar prudentemente en un orden justo”, manifestó el procurador, en su libro ‘El nuevo derecho. El nuevo ordenamiento mundial y la revolución cultural’.
Hay que recordar que recientemente el procurador Alejandro Ordóñez afirmó que él no anteponía su creencia al desarrollo de los fallos judiciales.